LA DEPURACIÓN FRANQUISTA DEL PERSONAL MUNICIPAL DE ORDUÑA 1937

Dr. Aritz Ipiña Bidaurrazaga
UPV/EHU

A fecha de 18 de julio de 1936, el Ayuntamiento de Urduña tenía 27 empleados activos y 2 pasivos, de los cuales una era mujer. La plantilla la formaban 2 administrativos (secretario y depositario), 2 técnicos (director de la Banda Municipal y el encargado de la Alhóndiga), 6 sanitarios, 12 subalternos, 5 guardias municipales o alguaciles y los dos pasivos.

Al menos 17 de ellos eran naturales de Urduña, otros 3 del resto de Bizkaia y otros 6 de otras provincias o Territorios Históricos, por lo que la mayoría eran oriundos del municipio. La edad media del personal era de 50,18 años, mientras que la media de Bizkaia era de 46,04 años.

La vinculación del personal o el tiempo que estos estuvieron cobrando o al servicio del Ayuntamiento era de 13,21 años, situándose en la media de Bizkaia. Este hecho indica que el personal comenzó a trabajar con una edad más avanzada que en otros ayuntamientos.

La mayoría de empleados del Ayuntamiento era adscripción tradicionalista. Esto concuerda con la fuerza política dominante y las dinámicas de la época de nombrar para puestos municipales a personas afines a sus postulados políticos, creando redes clientelares y caciquiles.

Desde el Golpe de Estado del 18 de julio de 1936 Urduña se convirtió en uno de los frentes de guerra, debido a proximidad con Vitoria-Gasteiz. El 26 de julio de 1936 por orden del Gobernador Civil de Vizcaya se procedió a suspender, como medida defensiva, a los concejales carlistas y nombrar un nuevo Ayuntamiento.

Durante el periodo republicano las autoridades legalmente constituidas procedieron a destituir a 14 empleados. La mayoría de ellos acusados de haber huido a Vitoria-Gasteiz. El secretario municipal, tres miembros del personal sanitario y una de las pensionistas lo fueron por tradicionalistas. Aproximadamente el 12 de agosto de 1936, José María Iturrino Amoroto, secretario municipal destituido, fue asesinado de camino a Arrankudiaga por milicianos. Este hecho tal vez fue un acto de venganza por el ataque sufrido por la ciudad una semana antes por los sublevados.

El 17 de junio de Urduña fue conquistada por las tropas sublevadas. Luis de Llaguno, reconocido carlista y presidente de la Diputación Provincial de Vizcaya desde el 21 de junio, fue nombrado alcalde el 8 de julio de 1937.

En otras instituciones la depuración de funcionarios comenzó inmediatamente siendo en muchos casos la primera medida tomada por la nueva corporación, pero en Urduña no. Tal vez debido a que conocían de primera mano a sus empleados. A pesar de ello muchos trabajadores solicitaron por carta su reingreso a trabajar, tal y como se estaba haciendo en otras instituciones.

El 4 de agosto, varios concejales, de los que no están registrados los nombres, manifestaron al alcalde en funciones Epifanio Larrea, que sustituía a Llaguno, la necesidad de depurar al personal municipal. Estas reuniones comenzaron a finales de agosto y en ellas los concejales procedieron a redactar información político-social sobre los empleados municipales.

La información redactada se centró en tres aspectos: 1- Cuál había sido su actuación antes del 18 de julio. 2- Cuál había sido su actuación durante los 9 meses de guerra civil y, por último, 3- Cuál había sido su actitud después de la conquista de la ciudad.

El proceso depurador fue distinto respecto al personal destituido por los republicanos que para los que siguieron trabajando. Este hecho indica que unos partían como víctimas de la barbarie roja, mientras que otros lo hacían como presuntos culpables. Para lograr información estos últimos, los que no había sido destituidos por los republicanos, se citó a, al menos, a 5 vecinos de Urduña, que informaron negativamente sobre los empleados municipales investigados.

La depuración franquista se saldó con la destitución de 6 empleados de los 29 existentes, lo que representa el 20,69%. La media de Bizkaia fue del 52,63%, por lo que en el caso de Urduña la depuración franquista afectó a menos empleados públicos que en otros municipios, fundamentalmente por la ideología política de sus trabajadores. Otros tres fueron sanciones económicamente, representando el 10,34%, siendo ligeramente inferior que la media de Bizkaia.

El porcentaje de trabajadores que fueron repuestos sin ningún tipo de sanción ascendió al 55,17%. Ambos pensionistas también fueron repuestos en su categoría, por lo porcentaje de repuestos sin sanción se situó en el 62,07%, duplicando la media de Bizkaia. Una plaza fue amortizada ya que se el empleado encontraba realizando la guerra con el bando franquista.

Al menos 30 urduñeses trabajaban fuera del municipio. De estos, por lo menos, 14 fueron destituidos de sus puestos laborales a consecuencia de la depuración franquista, lo que representa el 46,67%, más del doble que en Orduña y ligeramente inferior a la media de Bizkaia.

La depuración republicana afecto proporcionalmente a más empleados que la franquista, fundamentalmente por dos cuestiones: Fue utilizada como método defensivo ante un Golpe de Estado, que había destruido el orden constitucional republicano y sacudido la mayoría de sus instituciones, desde el Ejército, a los Ayuntamientos. Las autoridades republicanas no cesaron a trabajadores durante la II República por su militancia política, pero ante un Golpe de Estado no pudieron permitir mantener en puestos claves de la administración a simpatizantes de dicho Golpe. El personal municipal de orduña era en su mayoría carlista, por lo que es lógico que esta depuración afectase en mayor medida.

La depuración franquista a los urduñeses que trabajaban en otras instituciones fue mayor que la sufrida por los del Ayuntamiento, porque estos eran de ideología nacionalista vasca, republicana o izquierdista. Este hecho indica que las autoridades carlistas del municipio tenían una preferencia clara a la hora de nombrar a empleados públicos, que fueran cercanos a su ideología, mientras que los demás tenían que buscar trabajo fuera de la ciudad.

La depuración franquista no fue un método defensivo, sino un modelo utilizado para castigar a los empleados y empleadas que se mantuvieron fieles a la legalidad vigente e hicieron frente a la sublevación. En cualquier régimen de corte dictatorial el control de la Administración es fundamental, y las nuevas autoridades franquistas fueron conscientes de ello. Además de castigar a los empleados leales, los cargos que estos dejaron vacantes tras su destitución fueron entregados a personas completamente fieles a los franquistas. Un puesto en la Administración pasó a ser un regalo a los golpistas, que ayudó a apuntalar el nuevo régimen.